El planteamiento de un marco normativo que reconozca dichos derechos, a la par de garantías individuales como derechos humanos, es el nuevo paradigma a atender en materia de Derecho, pues pareciera un escenario simple donde se conecta y hacen las labores, o se toman clases; pero esto va más allá de todo lo que se realiza con la tecnología, ya que engloba una serie de factores que deben ser benéficos para el usuario en sus diferentes facetas.
Para hablar de derechos digitales se requiere sin duda una referencia (y no necesariamente un modelo a seguir), a efecto de identificar “los puntos neurálgicos” para al menos tener una pauta en el contexto de nuestro país en pro de una posible legislación nacional, que de ser el caso, permita hacer un estudio comparado
1. El desarrollo de Internet y la sociedad digital ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos y realizamos nuestras actividades sociales, laborales, económicas y culturales, constituyendo una auténtica revolución y una fuente inagotable de oportunidades de progreso.
2. No obstante, también conlleva determinados riesgos que suponen un reto para la seguridad, la privacidad y la confianza en el mundo digital, y que deben ser afrontados a través de medidas que garanticen los derechos y libertades de la ciudadanía. El objetivo ahora es acometer la tarea de reconocer un espectro aún más amplio de derechos digitales de la ciudadanía. Así como garantizar que los derechos y libertades de los que se disfrutan en la vida offline están igualmente protegidos en el ámbito online. En una sociedad y economía cada vez más digitalizadas, resulta fundamental enfrentarse a cuestiones como el derecho a la privacidad y la seguridad, la protección frente a la violencia, la educación, la reducción de las brechas 20 Julio A. Téllez Valdés digitales, así como sus dimensiones laborales y civiles. En particular, se debe prestar especial atención en asegurar que la digitalización no deje desprotegidos a los más vulnerables.
3. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet, promoviendo la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital. Con el fin de contar con la mayor participación de la sociedad civil, se propone esta consulta pública, cuya finalidad es recabar su opinión, a título individual o a través de asociaciones representativas.
Contar con una red de internet abierta hoy en día se vuelve una necesidad, tanto para usuarios comunes como para empresas particularmente pequeñas y medianas; el principal canal de convergencia y acercamiento no debe ser violentado o bloqueado, permitiendo un flujo, interacción y comunicación directos.
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